El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio a conocer un proyecto de decreto que busca fortalecer el programa de autogestión de vivienda de interés social (VIS), tanto en áreas urbanas como rurales.
Se propone la creación de un nuevo título en el Decreto 1077 del 2015, con el objetivo de establecer lineamientos claros y nuevos beneficios para facilitar la construcción de viviendas para las familias más necesitadas. Las nuevas disposiciones permitirían que las comunidades sean parte activa del proceso de edificación, promoviendo la autoconstrucción y la construcción delegada.
El programa se desarrollaría en dos modalidades, autoconstrucción y construcción delegada. Ambas alternativas permitirían que organizaciones comunitarias legalmente constituidas actúen como operadores de construcción, brindando a los miembros de las comunidades la oportunidad de contribuir con su trabajo y recibir acompañamiento técnico especializado. Esto no solo fomentaría la participación activa de los beneficiarios, sino que también generaría un sentido de pertenencia y responsabilidad en la ejecución de los proyectos habitacionales. (Lea: FNA fortalece financiamiento al sector inmobiliario)
En cuanto a los subsidios, el proyecto definiría que el valor máximo del subsidio familiar de vivienda será de hasta 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Sin embargo, en áreas de difícil acceso, como los departamentos de Amazonas, Chocó o Vaupés, este monto podría incrementarse hasta 100 SMMLV. Esta medida tendría como objetivo cubrir los costos adicionales relacionados con el transporte y otros factores que aumentan el precio de la vivienda en estos territorios. Además, se contemplaría la posibilidad de complementar el subsidio con apoyos económicos adicionales provenientes del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social.
El programa estaría dirigido principalmente a hogares que forman parte de comunidades organizadas, especialmente aquellas clasificadas en el Sisbén IV o que pertenecen a comunidades étnicas reconocidas. También se definiría un enfoque inclusivo para beneficiar a poblaciones vulnerables, tales como víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y comunidades rurales ubicadas en territorios colectivos.
Fuente: Ámbito Jurídico