El gremio hace un llamado a revisar de manera objetiva las políticas adoptadas hasta ahora, buscar salidas para garantizar los subsidios requeridos en 2025, y evitar distorsiones en los costos para asegurar que no se profundicen las caídas en la producción de vivienda de interés social.
“La principal preocupación del gremio es que la menor disponibilidad de subsidios vuelva a generar un crecimiento en el número de hogares que deben desistir de la compra de su vivienda. Esto necesariamente afectará los ritmos de obra y el empleo, en un escenario en el cual no se ha implementado el plan de reactivación del sector anunciado por el Gobierno Nacional”, afirmó Guillermo Herrera, presidente del gremio.
Se prevé que el presupuesto para programas de vivienda se reduciría en un 39 % pasando de $4,3 billones en 2024 a $2,66 billones en 2025. Así las cosas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio manifestó que solo cuenta con recursos disponibles para 20.500 de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya anunciados por el Gobierno Nacional para el próximo año. Cerca de 6 mil de los 20.500 subsidios ya se encuentran preasignados.
El impacto del recorte presupuestal traerá serios efectos económicos. “Si a los desistimientos se le suma la caída en las ventas, el ritmo de inicios de obra podría ubicarse por debajo de las 55 mil VIS en 2025, un nivel cercano al que se observó entre 2010 y 2011”, señaló Herrera, quien agregó que los menores ritmos de obra se traducirían en la pérdida de 200 mil puestos de trabajo durante 2025.
Las cifras más recientes del Dane revelan que en agosto de 2024, la construcción fue el sector de la economía que más puestos de trabajo perdió con 84 mil plazas. En el segmento de vivienda se perdieron 79 mil empleos, de los cuales 47 mil (59 %) fueron trabajos de obreros, oficiales y operarios. De esta manera, el presidente de Camacol resaltó que se está afectando a los hogares y trabajadores de menores ingresos.
Desde julio de 2023 el Gobierno Nacional viene anunciando una política de recuperación económica para impulsar el crecimiento del país, para lo cual se mencionó de manera reiterada la necesidad de proteger el empleo e impulsar sectores que, como la construcción, generan impacto en el corto plazo. No obstante, transcurrido más de un año, dicho plan no ha sido implementado y, por el contrario, las políticas públicas adoptadas podrían disipar los esfuerzos que desde el sector privado se vienen realizando para reactivar la vivienda.
Además de la reducción en la disponibilidad de subsidios que afecta la demanda de los hogares de menores ingresos, por el lado de la oferta, las recientes medidas arancelarias adoptadas ponen en jaque la capacidad del sector para producir vivienda de interés social.
En el último año se han adoptado al menos cuatro salvaguardias y gravámenes que tienen un impacto significativo dentro de los costos de la construcción. Se trata del Decreto 2214 de 2023, los Decretos 1227 y 1294 de 2024 y la Resolución 288 de 2024 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que imponen aranceles que pueden ser de hasta el 30 % para productos importados de hierro, acero y aluminio.
Solo las medidas adoptadas este año afectan el 88 % de las importaciones de aluminio, el 55 % de las importaciones de alambrón y el 31 % de las importaciones de barra. Herrera manifestó que “es claro que el Gobierno no realizó una evaluación integral del impacto que estas medidas pueden generar en la economía y en la vivienda”.
“Las salvaguardias generan incrementos significativos en los costos, lo cual prácticamente inviabiliza proyectos VIS que ya se encuentran estructurados y en proceso de venta”, agregó el presidente de Camacol, quien además afirmó que “resulta contradictorio que el Gobierno celebre la adopción de unas medidas arancelarias que claramente van a seguir agravando la generación de empleo en un sector donde el 85 % de la mano de obra directa está constituida por obreros, oficiales y operarios. Sin la construcción no se puede hablar de una política de reindustrialización".
En agosto de 2024 se registró un ‘paréntesis’ en la dinámica negativa de los indicadores del sector, con un incremento en las ventas respecto a agosto del año pasado; sin embargo, esta tendencia no logró consolidarse y en septiembre las ventas presentaron una caída del 15,6%. Por ahora todo apunta a un cierre de año que sería similar al 2023, con lo cual los ritmos de ventas y construcción se mantendrían cerca de un 40% por debajo de lo registrado en 2022.
“Todo lo anterior nos lleva a enviar un mensaje de urgencia para que el Gobierno Nacional tome medidas inmediatas que eviten la pérdida masiva de empleos y permitan impulsar la vivienda, un sector clave para la economía del país. Es fundamental revisar de manera objetiva las políticas adoptadas hasta ahora, buscar salidas para garantizar los subsidios requeridos en 2025, y evitar distorsiones en los costos para asegurar que no se profundicen las caídas en la producción de vivienda de interés social. Se requieren decisiones técnicas y genuinamente orientadas a la reactivación económica para enfrentar los desafíos que se avecinan en 2025 y proteger a miles de trabajadores y hogares colombianos”, concluyó el líder gremial.